Terrorismo, que palabra que hemos escuchado tanto durante la última década. Lo primero que se nos viene a la cabeza es Bin Laden, las torres gemelas, las grandes organizaciones internacionales, Al Qaeda, ETA; lo asociamos con medio oriente, con la gente de turbante, barba, rasgos turcos, arábicos, latinos; explosiones, muertes, caos, kamikazes, en fin, la siembra del terror entre la población.
Ahora bien, basándonos en la concepción imperante de la palabra “terrorismo”, acá en la argentina lo podemos vincular con el atentado de la AMIA de hace 15 años, el de la embajada de Israel de hace 19 y…paren de contar. En la Argentina sufrimos varias cosas, pero el “terrorismo” tal cual se lo concibe no es una de ellas.
Ahora de repente, en la agenda de todos los medios aparece el debate por la ley anti-terrorista: que no tiene nada que ver con las otras leyes que se promulgaron (como la de tenencia de tierras, o la del papel), que las organizaciones sociales están totalmente en contra, que Zaffaroni dice esto, que Carlotto lo otro, que a los juristas les parece “un disparate”, en definitiva, que se va a criminalizar la protesta lo cual implica que, de ahora en más, se va a poder aplicar más el brazo duro de la ley cuando haya un chistido que las autoridades crean que no corresponda.
El objetivo de este pequeño informe es que conozcamos de qué se trata esta ley de la que tanto se habla. Que sepamos qué dice la ley, el porque de la misma, y analicemos brevemente su real injerencia en el contexto socio-político actual.
Antecedentes de la ley
Lo primero que debemos saber es que lo que se promulgó esta semana fueron ciertas modificaciones en el código penal, que tienen que ver con agregados y derogaciones de ciertos artículos precedentes. Es decir, si tuviéramos que hacer un mini historial de las leyes “antiterroristas”, tenemos que decir que hubo varias leyes (que no necesariamente hablaban sobre el mismo tema pero si se relacionaban) que se fueron modificando entre ellas. Podríamos remitirnos en primera instancia al año 2000 y a la ley 25.241 (que tiene por nombre HECHOS DE TERRORISMO: DEFINICION-ALCANCES-REDUCCIONES DE ESCALA PENAL) que la pueden encontrar en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62516/norma.htm. En el mismo año se promulgó la ley 25.246, titulada LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO (la encuentran en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/norma.htm). Pero el antecedente más directo e importante que encontramos, data del 2007 con la ley 26.268 titulada ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO la cual, en su momento, trajo notables controversias muy parecidas a las que vemos hoy día. Es decir, la misma debió ser aprobada como consecuencia de los reclamos de organismos internacionales como el GAFI y el FMI. A esta ley la ubicamos en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/129803/norma.htm y podríamos decir que la actual ley anti-terrorista se basa en ésta, modificando ciertos puntos, lo cual es lo mismo que decir que la ley anti-terrorista de la que se habla no es nueva, ni mucho menos.
Como la ley manda
Esta es la parte más aburrida, pero quizás la más necesaria. Vamos a copiar aquí lo que dice la ley tal cual esta subida en el Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía de la República Argentina, para que tengamos la fuente misma de la cual partir.
ARTICULO 1º- Derógase el artículo 213 ter del Código Penal.
ARTICULO 2º - Derógase el artículo 213 quáter del Código Penal.
ARTÍCULO 3º- Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies del Código Penal, el siguiente texto:
Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.
ARTICULO 4º- Renumérense los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal de la Nación como artículos 307, 308 y 309, respectivamente.
ARTÍCULO 5º- Incorpórase al Título XIII del Código Penal, el siguiente artículo: Artículo 306:
1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte:
a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;
b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;
c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.
2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión.
3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.
4. Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.
ARTICULO 6º- Se considerarán comprendidas a los fines del artículo 1° de la Ley 25.241, las acciones delictivas cometidas con la finalidad específica del artículo 41 quinquies del Código Penal.
Las disposiciones de los artículos 6°, 30, 31 y 32 de la Ley 25.246 y 23 séptimo párrafo, 304 y 305 del Código Penal serán también de aplicación respecto de los delitos cometidos con la finalidad específica del artículo 41 quinquies y del artículo 306 del Código Penal.
La Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo dicte.
ARTÍCULO 7°- Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis y 306 del Código Penal.
ARTICULO 8°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
-REGISTRADO BAJO EL Nº 26.734-
AMADO BOUDOU.- JULIAN A. DOMINGUEZ.- Gervasio Bozzano.- Juan H. Estrada
Pesado ¿verdad? Al menos ahí tenemos la fuente original de todo el asunto. La pregunta que nos podemos hacer entonces es ¿por qué hay tanto revuelo sí es una ley que ya existía? Acá es donde el contexto es determinante: no solamente porque vino dentro de un paquete con dos leyes que, técnicamente, van en dirección a una ampliación de la democracia (las ya mencionadas leyes de papel y de tierras), sino porque la razón por la que debió promulgarse esta modificación fue por la presión del GAFI…
¿El GAFI?
Según la página oficial del organismo: “El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales, es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, a nivel nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.” Este organismo fue creado en 1989 por el G7 (países industrializados cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. O sea, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), tiene sede en París y actualmente tiene 34 miembros entre los que figura la Argentina.
Tiene como “miembros observadores” al FMI y al Banco Mundial, y tiene facultades para emitir recomendaciones, evaluaciones mutuas de países, seguimientos, y sanciones. Estas recomendaciones instan a los estados a:
§ Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislación.
§ Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero.
§ Implementar políticas para los usuarios de los bancos (Ej: Verificación de la identidad personal). Guardar un registro de las transacciones sospechosas de instituciones financieras, de negocios y no financieras.
§ Establecer una unidad de inteligencia financiera, que reciba y procese los reportes de transacciones sospechas o dudosas.
§ Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecución del lavado de dinero.
En total son cuarenta recomendaciones con relación al lavado de dinero y nueve recomendaciones especiales para prevenir el financiamiento al terrorismo. No vamos a aburrirnos de vuelta poniendo las 40 (las cuales encuentran en http://www.uif.gov.ar/documentos%20GAFI/40rec_es.pdf) pero sí veamos las 9 especiales que son, en definitiva, las que demandaron que se sancionara esta ley:
I. Ratificación y ejecución de los instrumentos de las Naciones Unidas
Cada país debe tomar inmediatamente los pasos necesarios para ratificar e implementar plenamente la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación del Terrorismo de 1999.
Asimismo, los países deben implementar de inmediato las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión de la financiación de actos terroristas, particularmente la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
II. Tipificación de la financiación del terrorismo y el blanqueo asociado
Cada país debe tipificar como delito la financiación del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas. Los países deberán asegurarse que tales delitos se establezcan como delitos previos del de lavado de activos.
III. Congelamiento y decomiso de activos terroristas
Cada país deberá implementar medidas para congelar sin dilación los fondos u otros activos de los terroristas, de aquellos que financien el terrorismo y de las organizaciones terroristas, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión de la financiación de los actos terroristas.
Cada país también deberá adoptar e implementar las medidas, incluidas las legislativas, que permitan a las autoridades competentes la incautación, el embargo y el decomiso de la propiedad que procede, se utiliza o se intenta utilizar o destinar a la financiación de terrorismo, los actos terroristas o las organizaciones terroristas.
IV. Informe de transacciones sospechosas relativas al terrorismo
Si las instituciones financieras u otros negocios o entidades sujetas a las obligaciones de control del lavado de activos, sospechan o tienen indicios razonables para sospechar que existen fondos vinculados o relacionados con o que pueden ser utilizados para el terrorismo, los actos terroristas o por organizaciones terroristas, se les debe obligar a que informen rápidamente de sus sospechas a las autoridades competentes.
V. Cooperación internacional
Cada país deberá proporcionar a otro país, sobre la base de un tratado, acuerdo o mecanismo de asistencia mutua legal o intercambio de información, el máximo grado posible de asistencia en conexión con investigaciones, informes y procedimientos criminales, civiles y administrativos relativos a la financiación del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas.
Además, los países deberían tomar todas las medidas posibles para asegurar que se denegará el refugio a los individuos acusados de financiar el terrorismo, y deben contar con procedimientos vigentes para extraditar, cuando sea posible, a tales individuos.
VI. Sistemas alternativos de envíos de fondos
Los países deberán tomar todas las medidas posibles para asegurar que las personas físicas y jurídicas, incluyendo los agentes, que brindan servicios de transmisión de dinero o títulos valores, incluyendo las transferencias a través de redes o sistemas informales, deban estar autorizadas o registradas y sujetas a todas las Recomendaciones del GAFI aplicables a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país deberá asegurar que a las personas físicas o jurídicas que realicen este servicio ilegalmente se les impongan sanciones administrativas, civiles o penales.
VII. Transferencias por cable
Los países deben tomar medidas para exigir a las instituciones financieras, incluyendo a las que se dedican al giro de dinero o títulos valores, que incluyan información adecuada y significativa sobre el ordenante (nombre, domicilio y numero de cuenta) en las transferencias de fondos y mensajes relativos a las mismas; dicha información debe permanecer con la transferencia o mensaje relativo a ella a través de la cadena de pago.
Los países deben tomar medidas para asegurar que las instituciones financieras, incluyendo a las que se dedican al giro de dinero o títulos valores, realicen un examen detallado y vigilen las transferencias de fondos de actividades sospechosas que no contengan toda la información acerca del ordenante (nombre, domicilio y número de cuenta).
VIII. Organizaciones sin fines de lucro
Los países deben revisar la adecuación de las leyes y reglamentos referidos a entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para la financiación del terrorismo. Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que las mismas no sean utilizadas ilegalmente:
(i) por organizaciones terroristas que aparezcan como entidades legales;
(ii) para explotar entidades legales como conducto para la financiación del terrorismo, incluyendo el propósito de evitar las medidas de congelamiento de activos y;
(iii) para esconder y ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legales hacia organizaciones terroristas.
IX. Correos de efectivo
Los países deberían tener medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, incluyendo un sistema de declaración u otra obligación de revelación.
Los países deberían asegurarse que sus autoridades competentes tienen la atribución legal para detener o retener dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador que se sospecha están relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos, o que son falsamente declarados o revelados.
Los países deberían asegurarse que sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas estén disponibles para ser aplicadas a las personas que realizan una falsa declaración o revelación. En aquellos casos que el dinero en efectivo o los instrumentos negociables al portador estén relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos, los países también deberían adoptar medidas, incluyendo las legislativas, consistentes con la Recomendación 3 y la Recomendación Especial III, que habilitarán el decomiso de dicho dinero en efectivo o instrumentos.
Aquí esta el quid de la cuestión: si estas “recomendaciones” no son acatadas por los países miembros, el organismo puede emitir dos sanciones: declarar públicamente que los países deben tener cuidado con realizar operaciones financieras que provengan o sean destinadas a esos país. Y el siguiente paso es la expulsión del país del seno de dicho grupo.
Remembranza desafortunada
Que un organismo internacional imponga sus dictados a los países no es nada nuevo: lo vemos desde la creación misma de la ONU, del FMI, del Banco Mundial, y de cualquier otro organismo cuyos integrantes principales son, no por casualidad, los considerados más desarrollados (con Estados Unidos a la cabeza).
Para dar un ejemplo cercano, esto se asemeja a los que sucedía con el FMI y sus “recomendaciones” que no hicieron otra cosa que dar rienda suelta a un proceso que desembocó en la crisis del 2001 y la aparición de problemas socio-económicos estructurales en nuestro país.
Por esto, al GAFI (más allá de la definición oficial que ya vimos) se lo concibe también como un organismo que busca controlar los movimientos financieros de los países “sub-desarrollados”, imponiendo sus medidas dictadas por los países dominantes. Nada que no haya pasado antes.
Una medida disonante
Es en este sentido que esta ley hace tanto ruido: quizás solamente en las altas cúpulas del poder entiendan la complejidad que reviste todo esto, pero al sentido común de los ciudadanos (K, anti K, como quiera llamárseles) no le cierra que un gobierno de estas características (nacional, popular, progresista) tome una medida que esta en completa disonancia con las otras medidas precedentes y más tratadas: la 125, la del papel, la de la tenencia de tierras, la de los subsidios, etc. Y resulta incoherente no solamente porque sea dictada desde un organismo internacional del tipo que este gobierno, supuestamente, rechaza, sino también por lo que la ley misma implicaría: la criminalización de la protesta.
Después de tanto recorrido llegamos a la punta del iceberg: he aquí el porque de las marchas, las declaraciones, los reclamos, la indignación y la continua protesta. La gran discusión pasa por saber hasta qué punto la protesta (un corte de calle, una marcha, por ejemplo) va a ser considerada en legítima defensa de los derechos sociales y en qué punto va a empezar a ser considerada “terrorista”.
Muchos opinan que bajo este tipo de gobierno, tal medida no tendrá efectos negativos dado que es un gobierno “tolerante” con las manifestaciones sociales. Otros opinan que, al no definir claramente qué es el terrorismo, de esta ley pueden agarrarse jueces o aparatos estatales para imponer sanciones injustificadas, y casi todos coinciden en que esta ley, con otro tipo de gobierno, podría tener efectos nefastos.
Sin intenciones de entrar en el complejo debate que vemos todos los días en los medios, la intención fue remitirnos a las fuentes para entender qué es y por qué existe esta ley. Solo podemos decir que, al ser una medida de tan reciente promulgación, sus alcances y limitaciones aún están por verse.
